Mientras haya connivencia entre los poderes políticos y el delito, las leyes más duras sólo son para impacto mediático
Las reformas restrictivas del código de procedimiento penal impulsadas por el Gobernador Daniel Scioli la semana pasada en el Senado de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de limitar más excarcelaciones, en este caso, cuando se es sospechado de haber utilizado armas de fuego o menores para cometer delitos, no resuelve el problema estructural de la inseguridad en la provincia y retrocede en el fortalecimiento de las instituciones en un sentido democrático y de respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos, al mejor estilo Ruckauf.
Si realmente el gobernador quiere garantizar seguridad a los bonaerenses tiene que promover claras políticas que terminen con los negocios ilegales que promueven el tráfico ilegal de armas y de drogas que llevan a los menores a incurrir en el delito; y cortar de raíz la impunidad garantizada por los poderes políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad corruptas que amparan estos delitos complejos.
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