domingo, 18 de octubre de 2009


Ingreso universal por hijo: una medida que no admite más postergaciones.



El día viernes pasado en el matutino Página/12, se informa que el gobierno está estudiando la posibilidad de una asignación universal de $ 135 por hijo. No deja de llamar la atención que la información se difunda en el mismo momento que varias organizaciones sociales vienen ganando la calle para denunciar el manejo clientelar del gobierno nacional en tándem con los intendentes del conurbano del Programa de Ingreso Social con Trabajo.

Pero este comentario resultaría irrelevante si verdaderamente se estaría dispuesto a emprender el camino a reducir los niveles de pobreza y la indigencia mediante la vía de la universalización de ingresos, algo que me permito poner en duda dado el profundo arraigo que ha tenido hasta ahora en los/as máximos/as responsables de la administración nacional el concepto negativo o despectivo de dicha medida.

Para citar solo un ejemplo debemos recordar el discurso de lanzamiento de su candidatura a presidenta de la señora Cristina Fernández en el Teatro Argentino de La Plata, donde afirmó su convencimiento de que la pobreza no se solucionaba con políticas sociales sino desde la economía y hace pocos días volvió a polemizar con quienes planteamos la necesidad del ingreso universal poniendo énfasis en que la inclusión, solo se consigue con el trabajo.

Esta definición indudablemente se da de cara con la actual situación de la economía argentina y aún con la etapa precrisis internacional puesto que todos pudimos verificar que creciendo a tasas cercanas al 9%, quedaron millones de compatriotas sin trabajo y otros/as con empleo pero sin traspasar los umbrales de la pobreza.

Bienvenido entonces, sería un cambio en esta visión y allí están a disposición los proyectos presentados por nuestras diputadas nacionales en el Congreso de la Nación para buscar los fondos que hagan posible la iniciativa, como también el de otros/as legisladores/as.

Como una cuestión aparte quiero referirme al proyecto del diputado nacional Héctor Recalde del FpV. Él plantea, muy sintéticamente expresado, otorgar dicha asignación a los trabajadores informales o en negro previa denuncia de los mismos/as sobre su situación irregular ante el Ministerio de Trabajo. Sería muy inocente suponer que un/a trabajador/a se encuentra en condiciones de efectuar dicha denuncia sin correr el riesgo de ser despedido/a y seguramente optará por mantener su empleo con lo cual se restringiría sensiblemente su alcance y la universalidad se perdería en el camino.

Por motivaciones genuinas y otras oportunistas el problema de la pobreza a adquirido consenso en nuestra sociedad y hasta quienes plantean desfinanciar las arcas nacionales se han expresado por una asignación universal, es el momento de impulsar su implementación como verdadera política de estado, ojalá que no estemos solo ante un anticipo periodístico ni se intente desvirtuar su aplicación.

DR. JORGE CEBALLOS

Dirigente de Libres del Sur

Ex Subsecretario de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

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